Aguascalientes, Ags.- A fin de establecer mecanismos que permitan dar respuesta inmediata al incumplimiento de medidas y órdenes de protección con que se busca brindar mayor seguridad a mujeres, niñas y adolescentes, la diputada Nancy Gutiérrez Ruvalcaba, en conjunto con la diputada Alma Hilda Medina Macías, presentó dos iniciativas en ese sentido.
Mientras que con una de las propuestas se pretende sancionar penalmente el incumplimiento de las órdenes de protección, con la otra se busca que al tener una autoridad conocimiento de una posible infracción se informe de inmediato al Ministerio Público.
Las dos iniciativas se presentaron ante la Diputación Permanente de la LXVI Legislatura del Congreso de Aguascalientes, en la Novena Sesión, que presidió la diputada Alma Hilda Medina Macías, con la participación de las legisladoras integrantes Yaszú Muñoz Márquez, Alejandra Peña Curiel y Nancy Gutiérrez Ruvalcaba.
La primera iniciativa propone reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias para el Estado de Aguascalientes. El propósito de establecer que, cuando una autoridad tenga conocimiento de la posible violación de una medida u orden de protección, lo informe de inmediato al Ministerio Público y remita los registros disponibles para que se realicen las investigaciones correspondientes.
Con lo anterior se busca evitar que la responsabilidad de denunciar nuevamente el incumplimiento recaiga solo en la víctima. Además, se fortalecería la coordinación institucional y la capacidad de respuesta de las autoridades frente a situaciones que puedan representar un riesgo para la integridad física y emocional.
La segunda propuesta plantea adicionar al Código Penal del Estado el delito de violación de medidas u órdenes de protección, estableciendo una pena de uno a tres años de prisión para quien, teniendo conocimiento de una orden vigente y después de haber sido legalmente notificado, decida incumplirla deliberadamente y sin causa justificada.
Esta segunda iniciativa contempla también agravantes cuando el incumplimiento se cometa por razones de género para someter o intimidar a la víctima; cuando la persona protegida sea menor de edad, adulta mayor o tenga alguna discapacidad; cuando exista reincidencia en el incumplimiento o cuando se utilice violencia.
Asimismo, se precisa que no se pretende sancionar encuentros accidentales, desconocimientos justificados o incumplimientos involuntarios, sino aquellas conductas en las que se acredite que la persona conocía la orden, que esta se encontraba vigente y que decidió incumplirla deliberadamente.
La legisladora Nancy Gutiérrez destacó que una orden de protección representa una medida urgente para salvaguardar la integridad de una víctima y que, ante su incumplimiento, debe existir una respuesta institucional firme, coordinada y oportuna. Señaló que las dos iniciativas se complementan al establecer, por una parte, una consecuencia penal clara y, por otra, la obligación de comunicar inmediatamente los hechos al Ministerio Público.
Las iniciativas fueron turnadas a las comisiones legislativas correspondientes para continuar con el trámite legislativo respectivo.
