Aguascalientes, Ags.- El Pleno del Congreso local votó por mayoría el dictamen que hace unos días se aprobara en comisiones para reformar la Ley de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes, iniciativa que le fuera turnada por el gobernador Martín Orozco para reestructurar algunas áreas de la administración.
Con esta reestructura se espera generar un ahorro de unos 40 millones de pesos en el egreso del gobierno estatal, ya que dejarán de existir 99 plazas laborales.
El dictamen recibió 23 votos a favor y uno en contra.
Entre los cambios establecidos está el de la Secretaría de Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial, a la cual se le agregará la denominación de Registral y Catastral. Se dispone que en esa dependencia se instale una ventanilla única que permita simplificar los procedimientos administrativos de desarrollo urbano.
El Instituto Catastral pasará de depender de la Secretaría de Finanzas, a la Secretaría de Gestión Urbanística, Ordenamiento Territorial, Registral y Catastral.
La Oficialía Mayor volverá a denominarse Secretaría de Administración; y la Secretaría de la Juventud se convertirá en Instituto.
Otro de los cambios aprobados es que la Secretaría de Medio Ambiente pase a llamarse Secretaría de Medio Ambiente, Sustentabilidad y Agua.
También se crea la Coordinación General de Movilidad, que dependerá de la Secretaría General de Gobierno.
El Registro Público de la Propiedad pasará de estar adscrito a la Secretaría General de Gobierno, a las funciones y facultades de la Secretaría de Gestión Urbanística, Ordenamiento Territorial, Registral y Catastral.
Desaparece la figura de Jefe de Gabinete para dar paso a la de Coordinador General.
En el debate en lo particular, fue aprobada por la mayoría, con 20 votos a favor y 3 abstenciones, la propuesta que añade un artículo transitorio para que los recursos financieros, humanos y materiales del Instituto del Agua del Estado de Aguascalientes sean transferidos a las Secretarías de Obras Públicas y la de Medio Ambiente, Sustentabilidad y Agua, a más tardar el 31 de diciembre de 2018.
Por otro lado, fue aprobado por mayoría el dictamen que emitió la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, mediante el cual se resuelven algunas reformas legales.
La primera busca homologar la Constitución Política Local, con la reforma a los artículos 16 y 17 de la Carta Magna, en materia de justicia cotidiana, estableciendo como bases la oralidad y el uso de los medios alternativos de solución de controversias.
En la segunda se reforma el artículo 2 de la Constitución Política Local, para establecer una perspectiva más amplia de los derechos humanos, a través del reconocimiento del sentido comunitario y la consciencia ciudadana como factores determinantes para la efectividad de estos derechos.
