Aguascalientes, Ags.- El Congreso de Aguascalientes dio luz verde a la creación de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción.
Dicha ley, que consta de 51 artículos distribuidos en 5 títulos, 9 capítulos y tres secciones, fue presentada de manera conjunta por los diputados Guillermo Alaniz de León y Sergio Javier Reynoso.
Contempla conformar una plataforma digital para dar seguimiento a la evolución del patrimonio de cada funcionario, así como a los procedimientos de contrataciones públicas en que intervengan.
Además, permitirá cruzar información con el Sistema Nacional de Fiscalización, y conforma un apartado para la recolección de denuncias públicas por faltas administrativas y hechos relacionados con presuntos actos de corrupción.
También plantea la creación de la Fiscalía Anticorrupción, que será el órgano encargado de investigar y perseguir los este tipo de actos ilícitos.
Entre los artículos transitorios que establece el documento está el que señala que se designará una Comisión de Selección (5 integrantes escalonados), dentro de un plazo de treinta días a partir de la entrada en vigor del decreto de esta iniciativa, con miras a nombrar a los integrantes que formarán parte del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal, que operará con autonomía propia.
Sergio Reynoso Talamantes, Iván Sánchez Nájera, Gustavo Báez Leos y Citlalli Rodríguez González, presentaron algunas reservas en diversos artículos de la ley, las cuales serán analizadas al interior de Comisiones, a propuesta del legislador Guillermo Alaniz de Léon.
Disciplina financiera y acotamiento de deuda pública
Los integrantes de la LXIII Legislatura del estado de Aguascalientes avalaron asimismo el ordenamiento que acotará los esquemas de contratación de deuda pública y obligará a los entes públicos a la disciplina financiera.
El Pleno aprobó por mayoría la iniciativa de Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera, que presentaron por separado, los diputados Jaime González de León y Sergio Reynoso Talamantes, a nombre del GPPAN-PES y del GPPRI, en ese orden.
El ordenamiento busca moderar los esquemas de endeudamiento de los entes públicos y reducir el costo del financiamiento a través de criterios de responsabilidad hacendaria que regirán al Estado y los municipios para un manejo sustentable de sus finanzas públicas.
La nueva legislación establece los requisitos para la contratación, operación, registro, administración y control de financiamientos que constituyan la deuda pública del Estado, así como las obligaciones derivadas de los Financiamientos y Asociaciones Público Privadas, y garantizar con ello una gestión pública responsable.
