Aguascalientes, Ags.- El Congreso del estado de Aguascalientes recibió por parte del gobernador Martín Orozco una iniciativa para crear la nueva Ley de Responsabilidades Administrativas.
A consideración del Ejecutivo Estatal, de ser aprobada esta iniciativa, se sustituiría la actual Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes y se reforzará el Sistema Estatal Anticorrupción.
La iniciativa que será analizada por los legisladores fue entregada por Javier Luévano Núñez, Secretario General de Gobierno, al presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Francisco Martínez Delgado.
“La corrupción como problema público, es un tema complejo que vulnera los derechos de la ciudadanía y ante dicha realidad, el Gobierno del Estado no puede quedarse de brazos cruzados, sino que debe actuar en consecuencia. Estamos ante un gobierno estatal comprometido con la transparencia, la imparcialidad, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción”, manifestó el titular de la Secretaría General de Gobierno.
Luévano Núñez explicó que la propuesta del gobernador del estado de Aguascalientes busca desincentivar las prácticas de corrupción, sancionando de manera más severa a los servidores públicos que incurran en estos actos.
La iniciativa de ley contempla como obligatoria la presentación de la llamada “Tres de tres" por parte de los servidores públicos de los tres poderes del Estado y organismos autónomos constitucionales, a partir del cargo de jefe de departamento y superiores.
También incluye como sujetos obligados al cumplimiento de la ley a los particulares que reciban recursos públicos vía transacciones que realizan con el gobierno estatal.
La iniciativa contempla la denuncia anónima y por vía electrónica, mediante una plataforma digital que desarrollará la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas (SEFIRECU).
También incrementa el periodo de prescripción de las faltas que cometan los servidores públicos, al pasar de tres años para las no graves y siete para las graves. Ello significa que incluso terminado un sexenio o dos administraciones municipales, se pueden iniciar procedimientos de responsabilidad administrativa.
De igual forma se incrementan las sanciones, al pasar de 15 a 20 años el tiempo de inhabilitación a los servidores públicos.
